Recogemos en esta entrada el manifiesto hecho público por la Universidad de Zaragoza, y leído en concentraciones convocadas en sus campus de Huesca, Teruel y de la capital aragonesa, con motivo del 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres.
En este texto, que en el Campus oscense ha leído la decana de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Marta Liesa, ante las puertas del Vicerrectorado, la institución académica expresa su voluntad de seguir trabajando en pro de la igualdad de mujeres y hombres y muestra su "preocupación por los debates todavía presentes que cuestionan la existencia misma de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género" .
Uno de los hitos democráticos de la sociedad española ha sido sin duda los avances producidos en la consecución del principio de igualdad entre mujeres y hombres. Avances que han sido resultado de muchos esfuerzos procedentes desde distintos ámbitos, entre ellos de las universidades que tienen un papel primordial en la transmisión de valores para conseguir una sociedad tolerante, justa e igualitaria en la que se respeten los derechos y libertades fundamentales. Todo ello para hacer realidad la proclamación constitucional de una igualdad real y efectiva, que debe pasar de ser una aspiración a un objetivo primordial.
En ese contexto, las universidades son un reflejo de nuestra sociedad y en ellas vemos cada día más mujeres en sus aulas, en sus claustros o entre los expedientes académicos más brillantes. Pero todavía existen desigualdades en el acceso a los puestos de toma de decisión de las universidades. Las carreras científicas o académicas se ven truncadas por las cargas de trabajo de cuidados que asumen mayoritariamente las mujeres, así como por las dificultades para lograr una conciliación corresponsable. Del mismo modo, nos resulta muy difícil erradicar la lacra de la violencia machista y el acoso sexual y sexista en nuestras comunidades universitarias. Todas estas desigualdades no sólo son injustas e intolerables, incluso algunas de ellas ilegalesy atentatorias a la dignidad, sino que además nos hacen perder mucho talento y posibilidades de mejorar nuestra ciencia, de innovar y crear sociedades con valores más sostenibles y eficientes.
Por ello, las universidades españolas, sus órganos de gobierno, las representaciones sindicales, las organizaciones feministas y la propia comunidad universitaria deben promover la igualdad con actuaciones, contenidos y compromisos que se encaminen precisamente a lograr ese objetivo. Y es que el techo de cristal, la brecha salarial, el acoso o la violencia de género, entre otras manifestaciones, deben ser adecuadamente atendidas.Se trata así de poner los recursos necesarios para analizar y diagnosticar rigurosamente nuestra comunidad universitaria y así poder diseñar y formular planes y medidas de igualdad que faciliten los cambios necesarios para garantizar esa igualdad real que trascienda al resto de la sociedad, sobre los que la Universidad de Zaragoza viene trabajando además desde tiempo como un referente destacable.
En España contamos también con una larga trayectoria en estudios universitarios de género, con magníficos equipos de investigación académica que logran conocimiento científico y que identifican problemas relacionados con las desigualdades, incluida la violencia o la tutela y promoción de la seguridad y salud, fenómeno cuya definición y descripción ha producido un importante y riguroso corpus teórico que no merece ser cuestionado con argumentos exclusivamente ideológicos. Como resultado de este trabajo contamos con una legislación y unas políticas públicas de igualdad innovadoras, así como medidas de acción positiva y perspectiva de género, que están contribuyendo a conformar una sociedad mejor y más justa.
Queremos seguir expresando, por consiguiente, nuestra preocupación por los debates todavía presentes que cuestionan la existencia misma de las políticas de igualdad y de lucha contra la violencia de género, con el equívoco argumento de que discriminan a los hombres, despreciando un corpus teórico avalado científicamente, o incluso cuestionando la veracidad de los datos estadísticos. Exigimos, por tanto, que el debate político trate con rigor y responsabilidad las políticas de igualdad, y se permita que las aportaciones académicas especializadas, el conocimiento experto de género y las investigaciones y estudios avalados científicamente que pueden encontrarse en nuestras universidades, ilustren dichos debates.